Desde el “Foro Forbes 2018. Camino a la Transición”, Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, destacó que una de las prioridades de la dependencia será atender y resolver los problemas de violencia, a través de la Comisión Nacional de Víctimas.

Destacó que la violencia en el país ha dejado 240 mil homicidios dolosos en los últimos diez años y casi 40 mil desaparecidos, y que algunos de éstos últimos no están contabilizados y probablemente se encuentran en fosas clandestinas.

Agregó que se han contabilizado más de mil fosas clandestinas, entre las que hay migrantes: “hemos calculado cerca de 1,200 fosas clandestinas hasta ahora, con cientos de restos humanos. La tragedia es una tragedia humanitaria. ¿Cuántos más migrantes desaparecidos?, no los podemos ni siquiera imaginar porque entran ilegalmente a nuestro país por una frontera porosa como las que es el sureste.”

Indicó que el gobierno de López Obrador combatirá la violencia y la pobreza apoyado en una “transversalidad de políticas públicas, tanto de la secretaría de educación como de la secretaría de salud, como la secretaría de cultura, como la del deporte. Una transversalidad para atender las causas que han originado la violencia y la delincuencia. Políticas transversales que puedan hacerse cargo y puedan detonar desarrollo.”

También resaltó que la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo la Comisión Nacional de Víctimas, y que desde ahí “se pondrán en marcha un programa y una política integral de reparación del daño, para darle respuesta a todas estas víctimas y a sus familias.”

Reveló que este sistema estará integrado por 4 derechos fundamentales de las víctimas en una justicia transicional: verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición. Afirmó que este será uno de los grandes proyectos de la Secretaría de Gobernación.

“Este es uno de los derechos fundamentales de las víctimas, el derecho de la verdad. El derecho a la justicia es otro de los importantísimos y de los derechos fundamentales de las víctimas, es decir, que los responsables sean procesados, y que los procesados sean condenados y paguen por los crímenes que cometieron”, abundó Sánchez Cordero.

Asimismo se refirió al tema de las reparaciones: “es un tema importantísimo, pero no debemos ser selectivos en las reparaciones, tenemos que tener un programa y un proyecto integral de reparaciones para las víctimas de estos 10 o 12 años”, afirmó.

Reconoció que será un proceso largo, pero que a este trabajo se debe sumar la implementación de mecanismos de no repetición de los delitos, y reiteró que el presidente electo ha propuesto crear una Ley de Amnistía, la cual podría aprobarse después de un proceso de reconciliación y justicia transicional; detalló en qué casos podría aplicar y en cuáles no.

“Ya tenemos básicamente ubicados a algunos de los universos a los cuales estará destinada esta Ley de Amnistía, por ejemplo tenemos a campesinos que han sido reclutados por el crimen en la siembra y el trasiego de la droga, (…), tenemos también un universo de mujeres llamadas “mulas”, que son las que han transportado a veces mochilas de droga, y a veces también estas mujeres ni siquiera hablan español porque son mujeres indígenas”, explicó la hoy senadora.

Por último, detalló que La Ley de Amnistía no aplicará para los casos de lesa humanidad, y que una urgencia ponerla en marcha: “no pueden ser de ninguna manera amnistiados aquellos que han sido homicidas, tratantes de personas, los que han sido violadores, que tengan un delito de violación, un delito de desaparición forzada, o algunos otros delitos de lesa humanidad, estos nos podrían de ninguna manera estar dentro de esta Ley de Amnistía. Pero la Ley de Amnistía es urgente, por la cantidad de personas que están privadas de su libertad, que no han cometido estos delitos de alto impacto y que sin embargo están en este momento recluidas”